Los campesinos de origen mixteco Ernesto Santiago Santiago, Simón Santiago Morales, Pedro Santiago Morales, Bartolo Pacheco Santiago y Salvador Ibarra Morales fueron detenidos el 12 de abril de 2016 por la procuraduria del Estado de Sonora, a petición de Pavlovich Durazo. La procuraduría estatal explicó el 16 de abril que la orden se giró a través de un juez en Altar. Los policías, según la versión oficial, acudieron a las instalaciones de la mina Dipolos, a 120 km de Caborca y fueron recibidos con violencia por los ejidatarios. Se les detuvo en presencia de un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Llama la atención que familiares de los detenidos señalen que el polémico presidente de la comisión estatal, Raúl Arturo Ramírez Ramírez está intentado disuadir con amenazas a los ejidatarios.
La acusación por la que se giró la orden de aprehensión es, según las esposas, falsa. Ellas sostienen que las acusaciones de robo y despojo vertidas por Pavlovich Durazo no deben avanzar, ya que este "mantiene la posesión ilegal de mil 800 hectáreas propiedad plena del ejido".
Los campesinos siguen presos en el Cereso de Caborca. A raíz del operativo, también se les achacan delitos relacionados con agresiones a fuerzas de seguridad. Cinco vehículos de la propiedad de los campesinos fueron incautados por las autoridades.
Proceso también alude que en esa fecha de abril de 2016 se acusó falsamente a otros seis campesinos de robo de material en la mina.

El Bajío de Caborca está ubicado en el noroeste de Sonora, cerca del Gran Desierto. Es un ejido de reciente constitución; no proviene del reparto de tierras de la revolución, sino del 20 de agosto de 1971, por resolución de Luis Echeverría, que otorgó a 77 personas la propiedad social de 21 mil 39 hectáreas. Colinda con el ejido Juan Álvarez, beneficiado de esa explotación y a quien la minera utilizó como fachada afirmando que la explotación era parte de ese ejido, y no del del Bajío. Según Dossier Político, se da la paradoja de que los ejidatario tienen "certificados agrarios que [...] amparan la propiedad social plena sobre 300 hectáreas por socio", pero "la tierra ejidal es de explotación en agostadero, por lo que el 90 por ciento de los poseedores de los derechos viven en Puerto Peñasco, Caborca, San Luis y otras ciudades y se dedican a otras actividades". A ello se añade que los ejidatarios provienen del sureste mexicano.
Según el expediente 536/2013 del Tribunal Agrario, desde noviembre de 2014 la minera Penmont está obligada a pagar más de 350 millones de dólares por lo extraído ilegalmente de 3000 hectáreas ("ocho mil kilos de oro y cuatro mil de plata en lingotes", según Dossier Político, que recoge estimaciones de ejidatarios que lo elevarían a 480 millones de dólares), tras 67 sentencias (una para cada ejidatario). Esa cantidad, que sólo afecta al período 2010-2014, no ha sido cubierta y los ejidatarios denuncian el hostigamiento de las autoridades en alianza con la minera. Uno de sus miembros más activos, José de Jesús Robledo Cruz, presidente del Comisariado ejidal, fue desaparecido junto a otros ocho campesinos, por al menos dos sicarios.
El contexto en Caborca sigue siendo "difícil", por usar un eufemismo. Un supuesto "Cártel de Caborca", con un brazo armado llamado "La Barredora" (parece que no tiene que ver con uno con el mismo nombre en Acapulco, Guerrero) y liderado por el prófugo Caro Quintero, realizó diferentes acciones violentas que pusieron a finales de junio en zozobra partes del territorio. Lo cuenta Héctor de Mauleón en su columna de El Universal (23/6/2020).
A finales de 2020 la situación en esa zona sonorense llegó a ser de interés a escala nacional y carreteras como la Sonora-Caborca o la Puerto Peñasco-Puerto Lobos presentan asaltos y enfrentamientos entre los denominados "Cártel de Caborca" (al que se vincula Caro Quintero) y "células ligadas a los hijos de 'El Chapo' Guzmán), según recoge El Universal (21/10/2020).

Según una nota de finales de agosto de Por Esto! Quintana Roo, el juez Arellano habría participado de algún modo en práticas irregulares relacionadas con el caso del despojo de tierras de la reserva ecológica Holbox. La noticia señalaba que habría sido cesado en 2010 por sus acciones a favor de la "mafia agraria" de Alfonso Pereira Palomo "El Mosco" y Arturo Millet Reyes. Se trata de empresarios que operan en la región de Quintana Roo y Yucatán, y que son parte de estructuras de captura de instituciones públicas para obtener beneficios, sobre todo tierras.
Por ejemplo, "El Mosco" es un empresario inmobiliario yucateco con antecedentes penales por fraude. Cercano a redes en torno al Emilio Gamboa Patrón (PRI), ha tenido entre sus cargos la dirección del Registro Agrario Nacional y de la empresa Aeropuerto y Servicios Auxiliares, que durante años administró el aeropuerto de Mérida.
Por su parte, Millet Reyes tendría una decena de denuncias de ejidatarios del sureste de México. De entre las últimas acusaciones destaca una de junio de este año, relacionada con un fraude por 71 millones de pesos. Millet habría vendido por esa cantidad un terreno que estaba sometido a sentencia ejecutoria y del que, por tanto, no podía disponer.
Estos dos individuos estarían relacionados de algún modo con la especulación sobre tierras de Holbox, y el juez Arellano les habría ayudado, contando supuestamente con la protección de Marco Martínez Guerrero (consuegro del banquero Roberto Hernández Ramírez), en ese momento presidente del Tribunal Superior Agrario.
Sin embargo, hay algunos puntos que hacen menos lineales estas cuestiones. Así, para Reporte Índigo el panorama es distinto, al señalar como el factor clave en ese despojo a un conocido empresario en en la zona, Fernando Ponce García, concesionario de multinacionales como Coca-Cola o Toyota en el sureste de México, y que habría prometido un mejor desarrollo turístico a 65 ejidatarios de la isla (de 116). Estos habrían parcelado sus tierras (con las implicaciones que ello tiene para la libre disposición), alentados para la constitución en 2006 de un fideicomiso que tenía como fiduiciario a JP Morgan. Esta empresa inversora buscaría al "mejor postor", que resultó ser el propio Ponce García a través de empresas fantasma, que se hicieron con hectáreas valoradas en 99 millones de pesos, pero compradas al 5% de su valor. A su vez, los ejidatarios acordaron "la separación de los 65 que vendieron y que la cesión de derechos sobre el uso común de tierras se hiciera a favor de Germán Ahumada Alduncín, propietario de Casas ARA". Ahumada está muy bien visto desde la prensa de negocios (se le cataloga incluso como "fascinante", lo que contrasta con las habituales alusiones negativas a empresarios inmobiliarios). Tras esa decisión, nueve ejidatarios reclamaron que su aportación al fideicomiso se anulara. Es ahí donde entra Arellano. El magistrado les dio la razón, y seguidamente fue sustituido por un magistrado afín a Ponce García.
¿Qué conclusiones podemos sacar, dado que unos medios consideran que Arellano actuó de dos modos distintos? Tal vez podríamos señalar que existiría un conflicto entre, al menos, dos grupos de poder por la explotación de Holbox. Arellano podría ser cercano a la mencionada un poco rimbombantemente "mafia agraria" protegida por Emilio Gamboa, que tal vez estarían enfrentados a Ponce García, protegido de Roberto Borge, ex gobernador priísta de Quintana Roo y ahora próximo a ser extraditado a México desde su refugio en Panamá. Ese enfrentamiento le habría costado el cargo a Arellano. Sin embargo, en su condición de juez, habría seguido cercano a las redes criminales, a las que podría asistir por su posición judicial y sus conocimientos técnicos de un tema tan difícil como los juicios sobre tierras.
En 2013, encontramos a Arellano en el tribunal agrario Distrito 35, con sede en Ciudad Obregón. Una de sus últimas resoluciones que dictó fue, por ejemplo, la paralización de las obras de la presa Pilares o Bicentenario en Álamos, Sonora, tras dar la razón a unos ejidatarios de las comunidades Chorijoa y Sejaqui.
Esas acciones más favorables a comunidades las combinaría con otras en las que podría ser "activado" para asistir a personas como Pavlovich Durazo. Alguien con el perfil precedente (quejas sobre su labor en Quintana Roo han llegado hasta el Senado) no debería encargarse de temas de tierras, tan decisivos, aunque parece que ese ejemplo es indicio de un proceso sistemático de cooptación de las instituciones judiciales agrarias, como muestran las acciones diseñadas al más alto nivel para posicionar a candidatos afines. 
En octubre de 2016, Arellano funge como magistrado pendiente de ratificar para el Distrito 47 en Puebla, y en marzo de 2017 ya es titular de esa sede. El magistrado Rubén Gallardo Zúñiga lo habría sustituido en la sede de Ciudad Obregón y Rubén Treviño Castillo en la de Hermosillo, que es la que decide sobre las cuestiones del ejido del Bajío. El juez que pronunció la sentencia a favor de los ejidatarios fue Manuel Loya Valverde, desplazado de su puesto en diciembre de 2014, según La Jornada, que en esa nota recoge las quejas de algunos partidos por haberse cesado a "un magistrado honesto". De hecho, Loya había sido presionado en su labor por el abogado de la empresa, Héctor Madrid Castro, cuñado del senador del PRI Ernesto Gándara, según recoge el diario El Norte.

Este proyecto de mina propiedad de Penmont (perteneciente al grupo Fresnillo plc) comenzará a extraer oro en Sonora en 2020. Los estudios económicos preliminares han comenzado en 2017, según la propia web.

Primera gobernadora de Sonora, por el PRI. Miembro de una familia histórica de la región, con influencia en ámbitos políticos, sociales y económicos. La familia es originaria de Rijeka (Croacia) y empezó a enriquecerse con el comercio de naranjas tras un periplo que les llevó del entonces Imperio Austro-Húngaro, a Estados Unidos y finalmente, Sonora, negocio consolidado en 1894-1927. Según las propias palabras de la gobernadora, sus logros se los debe: "A Dios [...]. A mis padres, mi familia y a un gran ser humano, un gran amigo: Manlio Fabio Beltrones" en referencia al presidente del PRI y ex gobernador de Sonora, bautizado por el periodista mexicano Diego Enrique Osorno como el "Putin mexicano", por su capacidad para mantener su influencia sexenio a sexenio.
Sobre la relación de la gobernadora con Pavlovich Durazo, confirmó que se trata de un primo de su padre. Los ejidatarios afirman que avisaron a la gobernadora de las amenazas de muerte realizadas por su familiar contra ellos.
En 2012, Dossier Político informó de que oto familiar, agente inmobiliario, llamado Jaime Lucas Romo Pavlovich, "El Pechín", habría participado en falsificaciones de títulos agrarios.
Según El Universal (17/1/22) , el presidente del gobierno federal López Obrador la nombró cónsul en Barcelona.
Foto: Gobierno del Estado de Sonora.

Los esposos  Raúl Ibarra De la Paz y Noemí López Gutiérrez, ejidatarios, fueron desaparecidos desde el 12 de febrero de 2018 y podrían haber sido asesinados. Fuente: Pie de Página.

Según al consultora BNamericas, es la filial de la mexicana Industrias Peñoles, que poseería un 75% de propiedad. Tiene su sede en Ciudad de México, pero está constituida en el Reino Unido. Primero productor de plata primaria del mundo y Sus subsidiarias son Minera Fresnillo, S.A. de C.V., Minera Penmont, S. de R.L. de C.V., Minera Saucito, S.A. de C.V. and Fresbal Investments, Ltd.
También BNamericas explica en el perfil de la compañía que el grupo tiene siete minas operativas, todas ellas en México: Fresnillo, Saucito, Ciénega, San Julián, y las sonorenses Herradura, Soledad-Dipolos (actualmente suspendida) y Noche Buena. Estas tres las posee vía Penmont, mediante la figura de crear una empresa subsidiaria de propiedad total de Fresnillo. Uno de sus prospectos avanzados de exploración, Centauro, también afectaría a Sonora. La consultora concluye su breve reporte con una frase tan clara como lapidaria: "Las concesiones de Fresnillo cubren casi 2 millones de hectáreas" en México. Si 100 hectáreas es 1 km cuadrado, entonces las concesiones de Fresnillo alcanzan los 20 mil kilómetros cuadrados. Si se tradujera a la superficie de los Estados actualmente existentes, ocuparía el lugar 155 de 247, justo por debajo de Eslovenia (que cuenta con 20 mil 273 kilómetros cuadrados) y por encima de Qatar, Jamaica o Líbano.

Ejidatario del Bajío, presidente del Comisariado ejidal, secuestrado el pasado 3 de septiembre a las 6 de la mañana. Según cuenta para el semanario Proceso Manuel Jesús Hernández Collazo, tesorero del Comisariado, recogiendo testimonios de vecinos de Robledo Cruz, al menos dos personas lo subieron a una Cheyenne blanca, con placas de circulación MU-8383-B de Michoacán, según narran testigos. Fue secuestrado a las puertas de su casa en Puerto Peñasco, según cuentan a Libera Radio representantes del ejido. Francisco Javier Cabrera Castro, como representante de estos, recordó en rueda de prensa que Robledo Cruz ya había sido antes secuestrado. Esa vez lo encontraron días después deshidratado a muchos kilómetros de la población.
No existen datos contrastados y, de hecho, cuando Días de Campo estuvimos en la minera la información era contradictoria e incluso parecía sugerirse que la desaparición no había tenido lugar, en un giro de desaparición de la desaparición al que aboca muchas veces el surrealismo trágico mexicano. En todo caso, según pudimos recoger sobre los hechos, los sicarios que lo levantaron habrían ido acompañados de otras dos camionetas, y de hecho el semanario mencionado con anterioridad alude a otros ocho campesinos también privados de libertad, aunque estos habrían sido liberados. Varios ejidatarios siguieron a los carros y pidieron ayuda a la guarnición del ejército en Sonoyta, pero estos se negaron a asistirlos. Esas mismas fuentes agregan que patrullas de la policía estatal y municipal apoyaron a los sicarios. Foto: Facebook.

Actualización (3/5/2021): "José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega [su esposa], opositores a una mina ubicada al noreste de Sonora propiedad del magnate Alberto Baillères González —quien hace unos días heredó sus negocios a su hijo Alejandro Baillères Gual—, fueron asesinados [el 30 de abril de 2021].

Sus cuerpos, donde se encontraba un cartón con nombres de ejidatarios de El Bajío, fueron hallados el viernes pasado en el municipio de Puerto Peñasco, a una hora de la mina". (Fuente: Sin Embargo).

Según Somos el medio(2/5/2021), el ahora fallecido había sido desaparecido antes de que estuviéramos en la edición de Días de Campo en Caborca (17-24 de septiembre de 2017), aunque cuando reapareció (parece que antes de que estuviéramos allá), mantuvo un perfil bajo: 

"Los ejidatarios detallaron que el 3 de septiembre de 2017 José de Jesús Robledo Cruz fue detenido y desaparecido. Ese día un grupo de ejidatarios logró localizarlo y liberarlo.

«José de Jesús fue lesionado gravemente y durante tres años estuvo fuera de la zona. Los responsables fueron hombres armados al servicio de Rafael Pavlovich Durazo." (Fuente: Somos el medio. Cursivas y negritas en el original).

Mina propiedad de Penmont (del grupo Fresnillo plc). Se ubica en el ejido del Bajío, a 125 km al noroeste de Caborca, minicipio al que pertenece. Está operativa en Sonora desde 1997, y se extrae oro y plata. Tiene 1228 empleados (que recientemente han planteado mejoras sindicales) y 394 contratistas. Según su propia web, Herradura es: "Una de las mayores minas de oro a cielo abierto de México, que produce el 52% del total de oro del Grupo [...], generando un 28,1% del ingreso total ajustado". Para su puesta en marcha se invirtieron unos 72 millones de dólares.
De la mina Herradura se sacó durante 17 años oro y plata mediante un usufructo ilegal, y su estatus es el objeto del litigio de los ejidatarios del Bajío de Caborca con Premont, que en un principio alegó que la mina se encontraba en el ejido cercano de Juan Álvarez. Los ejidatarios del Bajío obtuvieron judicialmente el derecho a una indemnización de más de 350 millones de dólares, todavía no pagada. A finales de agosto de 2015, policías federales desalojaron por la fuerza la mina para hacer acatar la sentencia. A principios de 2016, Pavlovich Durazo se apropió de 1800 hectáreas donde operaba la mina, y aunque los ejidatarios afirman que una sentencia obligaría a Pavlovich a devolver esas tierras, esa resolución no se ha cumplido.
El 26/3/2020, en plena pandemia por coronavirus, dos camiones blindados con oro y plata que provenían de esta mina fueron asaltados por al menos diez personas, que cruzaron un camión de volteo en la carretera e hirieron a seis guardias. Semanas después (9/4/2020) un comando robó doré (aleación de oro y plata) en una zona fronteriza de Sonora con Chihuahua. En concreto, robaron a Minas de Oro Nacional, subsidiaria de Álamos Gold Inc. Después escaparon en avión.
N. Mendoza Rockwell (Nexos, 1/8/20), relaciona ese robo con una serie de represalias para proteger a la mina. Además, señala que ese conflicto puede intersectar con algunas desapariciones y con otros conflictos regionales.
El 31/8/20, un periodista de un medio sonorense pregunta en "La Mañanera" lo siguiente: 

"En Sonora, usted sabe que Sonora es el principal estado minero, bueno, tenemos cierta situación con una de las minas, creo que es la mina más grande de oro que existe en el país, que es La Herradura, de Grupo Peñoles. Ellos han estado buscando hacer una ampliación que incluso representa una inversión de casi mil millones de dólares precisamente en la región de Caborca.

Ha habido ciertas reservas de parte de la Semarnat en particular, que no les ha permitido cumplir, válgame, pues con este procedimiento".

El presidente federal López Obrador responde que no va a haber más concesiones, aunque la respuesta, al menos sobre lo preguntado por el periodista es ambigua: ¿aplica a ampliaciones de concesiones ya otorgadas?

En un artículo de La Jornada (7/3/2021), titulado "Poseen mineras canadienses 60% del oro mexicano" se alude a La Herradura como la principal mina de oro de México, especificando que "pertenece a la mexicana Fresnillo y produce alrededor de 13 mil 700 kilogramos anuales".

Foto: Vigilia Sonora.

Según Proceso, sería uno de los que participaron en la desaparición del ejidatario del Bajío José de Jesús Robledo Cruz. También podría haber participado su esposa, según declaraciones de los representantes de los ejidatarios a Libera Radio, que agregan que podrían estar en Pueblo Yaqui (Cajeme). Fuentes en la zona también identifican al menos un individuo que cobra cuotas en actividades pesqueras de Puerto Lobos y a otro que vive en Puerto Peñasco. En el secuestro del ejidatario participaron tres carros que después estuvieron rondando por el ejido, tal y como afirma la demanda SON/HER/FGE/2017/102/51147, interpuesta ante la procuraduría de Sonora el 8 de septiembre, y también recogida por Libera Radio.

La minera Penmont, con sede en Caborca, es la empresa conjunta (joint venture) formada de la colaboración en 1987 entre Peñoles (mexicana, presidida por Alberto Baillères González, dueño entre otros de El Palacio de Hierro e hijo del fundador del ITAM) y Newmont Mining Corporation. Esta última es estadounidense, fue fundada en 1916 en Montana y tras la compra de Canada's Fronteer Gold, es la segunda extractora de oro del mundo. Por su parte, Peñoles es una minera fundada en 1887, que ha explotado oro desde 1997 en Sonora. Es parte del grupo Fresnillo PLC, que tiene como "buque insignia" la mina de plata Fresnillo, la mayor del mundo.
El 31/12/2018, la minera Penmont emitió un comunicando reivindicando sus derechos patrimoniales y de extracción (alojado en un post del portal de Contenido 360).
El 20/3/20, varios ejidatarios protestaron ante el Palacio Nacional. Entre otras reivindicaciones, pedían que se cumplieran las sentencias que avalan sus derechos sobre los terrenos mineros y criticaban el cerco de la mina por la policía estatal y la Guardia Nacional. El debate entre el presidente Obrador y una reportera de Pie de Página que se refería al tema fue recogido en "La Mañanera" del 26/3/20. El 13/6/20 ese mismo portal publicaba un reportaje muy crítico con la situación.

En enero de 9/1/2021 Heriberto Paredes (Pie de Página) le dedica un reportaje a esa mina. En el texto se pregunta: 

"Algo no encaja. ¿Será que Penmont pactó una protección eficaz con el grupo criminal más fuerte o que la policía minera –en un despliegue de audacia dentro de las instalaciones– ha conseguido alejar y desanimar a los perpetradores de robos y extorsiones sin patrullar ni resguardar vehículos de traslado de valores?" 

La mina Noche Buena pertenece a Penmont (del grupo Fresnillo plc) y se encuentra a 23 km de La Herradura, también en el ejido Juan Álvarez. Está operativa desde 2012, de ella se extrae oro y cuenta con 429 empleados y 424 contratistas, según la web de la compañía.
El 11/11/2019, un comando asaltó un camión que salía de la mina. Se llevó 150 millones de pesos en barras de doré (que es un aleación de oro y plata), En la nota aluden a un robo previo (2015) por valor de 4,3 millones de pesos, aunque otra fuente indica que el valor de ese robo de hace un lustro ascendió a 172 millones de pesos.
Foto: Fresnillo plc.

Representantes del Ejido de Caborca (Sonora) acusan a Pavlovich Durazo de ser el autor intelectual de la desaparición del ejidatario José de Jesús Robledo Cruz y de otros ocho campesinos ocurrida el pasado 4 de septiembre.
Pavlovich Durazo se habría ofrecido como intermediario para recuperar el dinero que la compañía Penmont debe a los ejidatarios por explotación ilegal del territorio. Posteriormente, habría logrado hacerse con la posesión (ilegal, según los ejidatarios) de mil 824 hectáreas propiedad plena del ejido, según Dossier Político. En marzo de 2016 fue nombrado depositario de los derechos ejidales, mediante un acto jurídico irregular a cargo de Arnoldo Vázquez Quintero, actuario judicial. Otras fuentes señalan que realizó pactos (nulos) con parceleros que ni siquiea eran ejidatarios del Bajío.
A partir de ello, el conflicto tuvo, al menos, estas fases:
-Abril de 2016: El 12 de ese mes acuden al ejido 24 patrullas de la policía estatal de Sonora, 3 de la policía municipal de Caborca y un número indeterminado de civiles. Ello se dio en virtud de una orden de aprehensión girada en tiempo récord contra cinco campesinos de origen mixteco a raíz de una averiguación previa iniciada a finales de marzo a petición de Pavlovich Durazo, que afirma ser dueño de las hectáreas. Proceso eleva la cifra a 11 campesinos, acusados de "asociación delictuosa" para robar materiales relacionados con la mina. Los ejidatarios consideran que son acusaciones fabricadas.
-Mayo de 2016. Los ejidatarios demandaron penalmente a Pavlovich Durazo, por un robo de solución química rica en oro, y a funcionarios del Tribunal Agrario del distrito 28 por supuestamente beneficiar a la minera estadunidense Penmont en sus resoluciones.
-Junio de 2016. Se constata la actuación irregular de Pavlovich Durazo y el auxilio a nivel institucional para lograr esas posesión ilegal, específicamente su inclusión ilegal "como 'socio' del ejido y depositario de los bienes que se reintegraban a la familia Cruz", ejidatarios en el Bajío. Los afectados consideran que durante tres meses usufructuó la mina, usando maquinaria minera y protegido por fuerzas municipales de Caborca y estatales.
-Septiembre de 2017. Ejidatarios acusan a Pavlovich Durazo de seguirles presionando para no devolver esas tierras y de promover la desaparición de nueve de sus miembros.
Antes de este pleito con los ejidatarios del Bajío, Pavlovich Durazo se le había señalado en 2011 como parte de un entramado de compra venta ilegal de tierras en Bahía de Kino, Punta Chueca y Kunkaac promovido por Jaime Lucas Romo Pavlovich, "El Pechín". Esas mismas denuncias afirmaban que la labor de "El Pechín" sería sólo la punta del iceberg de un modus vivendi (más que modus operandi) de falsificación de títulos de tierras en Sonora que se remontaría a los años 90 del siglo pasado.
Actualizaciones:
13/3/2018: Según Periodistasunidos.com.mx, hombres armados amenazaron con armas e interrogaron a cinco periodistas que visitaban el ejido.
19/11/2018: Juan Alberto Cedillo, para Proceso, señala que  "[...]en la Carpeta de Investigación: FED/SON/CABO/0002265/2018, que abrió el Ministerio Público Federal, los campesinos narraron que “aproximadamente a las 12:00 horas del del pasado 3 de octubre de 2018 apareció de nuevo en tierras ejidales un grupo de 23 individuos armados, y al frente iba un anciano de abdomen pronunciado que al acercarse reconocieron como Rafael Pavlovich Durazo” (foto de las armas incautadas). También aluden a que lo acompañaría un tal José Rodrigo Páez Quintero, "jefe de plaza" de Caborca y presunto sobrino de Rafael Caro Quintero.

Minera propiedad de Penmont (a su vez parte del grupo Fresnillo plc), respecto a la que los ejidatarios del Bajío también han logrado hacer valer sus derechos, según Radio Libera. Aunque desde 1993 se había intentado ya negociar con los ejidatarios, infructuosamente, fue ya en 2007 cuando empezó la perforación. La mina estaba operativa desde 2010. Extrae oro, cuenta con 405 empleados y 388 contratistas. Según su propia web, se indica que: "Las operaciones en Soledad-Dipolos siguen suspendidas como resultado del fallo judicial para desalojar el área en el sitio de la mina". Foto: Fresnillo plc.

Esta empresa de seguridad podría haber proporcionado logística para la desaparición de José de Jesús Robledo. Según Proceso, en septiembre de 2014 ya proporcionaba seguridad a trabajadores de la mina para que siguieran operando allí, a pesar de la sentencia que obliga a restituir el terreno a los ejidatarios. Tras la desaparición del ejidatario José de Jesús Robledo, representantes del ejido aludieron a una empresa de seguridad que protege a Pavlovich Durazo, y con la que podrían colaborar otros pistoleros a sueldo. Foto: Proceso.

En mayo de 2016, la representación legal del ejido acusó ante la Procuraduría General de la República  a algunos individuos de esa sede judicial de “actuar y emitir resoluciones contra constancias y conceder ventajas indebidas a la minera Penmont”, según el abogado Jesús Thomas González. Específicamente, mencionan al magistrado del Tribunal Agrario Distrito 28 Benjamín Arellano Navarro; el secretario de acuerdos Carlos Eduardo Meza Rojas; y el actuario adscrito Jesús Arnoldo Vázquez Quintero.
En octubre de 2016, una nota de El Universal señalaba que 41000 juicios sobre tenencia de tierra estaban por resolver dada la falta de jueces sobre la materia. La importancia de este ámbito, prácticamente desconocido como foco de corrupción, provoca que diversas redes intenten cooptar esas instituciones. Si se confirman los cargos, se podría hablar de una capturar institucional del tribunal. Según cuenta Ariete Caborca, Vázquez Quintero ayudó a una serie de irregularidades durante una ejecutoria de una sentencia de amparo relacionada con los derechos de propiedad de mil 824 hectáreas, usufructuados ilegalmente por la minera Penmont S. de R.L de C.V, (La Herradura) sin que los ejidatarios obtuvieran beneficios. Dicho actuario judicial otorgó a Pavlovich la condición de socio del ejido. Con ello, probablemente, se buscaba ganar tiempo para reconfigurar la situación jurídica de La Herradura y explotar su suelo mientras se subsanaba el asunto.

A su vez, hay indicios de la facilidad con la que se podía poner la institución al servicio de intereses de Pavlovich Durazo, como que el magistrado Arellano Navarro tiene antecedentes por haber beneficiado ilegalmente a intereses privados en Quintana Roo. Actualmente lo ha sustituido en esa sede 28 Rubén Gallardo Zúñiga, que ya había ocupado ese cargo en 2007.
Respecto a Meza, lleva trabajando allí desde 1994 y es originario de Empalme (Sonora). Según acusan los representantes legales del Bajío,recogidos por Proceso, era el encargado de diferir la ejecución de la sentencia.