Coordinador general de Mantenimiento, Obras y Urbanismo, también fue gerente en funciones tras dimisión de Manuel Lorente. Persona de máxima confianza de Lorente, quien le “apadrina para conseguir ascensos. Según la Policía, participa para conseguir apariencia de legalidad en los expedientes, alterando el normal trámite. Asiste supuestamente a alguna reunión extraoficial para desatascar proyectos.

Director general de Licencias y Disciplina, en el área de Medio Ambiente. Anteriormente ocupó diversos cargos en Urbanismo. Según la Policía, Manuel Lorente controlaba que los expedientes se tramitaran de acuerdo a sus intereses, con la permanente colaboración técnica de Emilio Martín y al amparo de sus informes jurídicos. Tiene una participación activa para “torcer el normal funcionamiento de la administración”. Los investigadores advierten de la relación con el empresario Roberto García Arrabal, a quien compra en 2009 un inmueble por 235.000 euros. 

Empresario con 35 activos y 37 históricos en 24 sociedades. De todas, su empresa El Partal lleva más de 20 años realizando obras y servicios para el Ayuntamiento. Según la investigación policial el Ayuntamiento es de hecho su principal cliente. Resulta beneficiario de la concesión de los aparcamientos gracias a la cláusula de derecho de adquisición de los contratos y es socio de José Julián y de Roberto García Arrabal en algunas empresas.

Interventor desde hace 10 años. También ocupó la Intervención delegada de la Gerencia de Urbanismo desde el cese de David Coullard, que fue apartado por Mercedes López y Manuel Lorente. Según las declaraciones de los testigos, “el interventor no quería saber nada de las repercusiones económicas de los temas urbanísticos, aunque asistía a las reuniones de las juntas de gobierno y a comisiones ejecutivas”. No advierte en algunos casos de que era preceptivo pasar por el Consejo Consultivo.

Jefe de servicio de Obras Privadas. Depende jerárquicamente de Manuel Lorente y firma todo lo que le dice sabedor de su poder, sostiene la Policía.

Primero, concejala de Economía y desde 2007 responsable de Urbanismo. Una de las más estrechas colaboradoras del exalcalde. Según los testigos, tomó posesión con instrucciones precisas para desbloquear los temas del promotor José Julián Romero. Hay expedientes que los tramita el entonces director técnico de Obras, Manuel Lorente, sin ser competente y lo hace por orden suya. Toma parte activa en los expedientes en los que se habría beneficiado repetidamente a determinados empresarios. Ella y su entorno son beneficiados también en el expediente del bloque de pisos de Obispo Hurtado, donde vive.

Empresario con 32 cargos activos y 104 históricos en 83 sociedades. Aporta los medios económicos para ejecutar los proyectos y desde el Ayuntamiento le dan la información y los informes favorables. Según los testigos, ejercía presiones sobre funcionarios, exigiendo ser atendido por sus superiores. En muchos casos, directamente por Manuel Lorente, con quien tiene -o ha tenido- una relación de amistad reconocida. Sus sociedades o él se benefician supuestamente de las adjudicaciones de cinco aparcamientos por un derecho de adquisición preferente en los concursos que introduce Manuel Lorente. Idean este mecanismo para evitar la libre competencia. También e beneficia de la liquidación ventajosa de una deuda millonaria en el plan parcial del Palacio de Hielo. Su parte era de 4,2 millones. 

Alcalde de Granada desde 2003 hasta mayo de 2016. Según las declaraciones de los testigos y las pesquisas policiales, estaría en la “cúspide” de la presunta trama corrupta que manejó el urbanismo de la ciudad durante más de una década. Los informes policiales sostienen que Torres Hurtado “tenía conocimiento de las irregularidades” y “habría tomado parte activa” en la tramitación de los expedientes para procurar favorecer a un grupo de empresarios. Incluso, añade la UDEF, Torres Hurtado “habría sido directamente beneficiado en este tipo de decisiones”. Daba las “directrices” y mantuvo reuniones extraoficiales en su despacho para resolver temas urbanísticos de su interés. También autorizó los cambios en el organigrama de Urbanismo para que presuntamente pudiera operar la trama. 

La Policía considera que es quien dirigía supuestamente la trama, primero como gerente de Urbanismo y después como director técnico de Obras. Persona de “total confianza” del exalcalde. Es, según la investigación, quien lleva “la voz cantante” en las reuniones y quien controla que los expedientes se tramiten presuntamente según los intereses de la trama corrupta; bien haciendo los informes personalmente o en colaboración con otros funcionarios, especialmente, Emilio Martín y Agustín Belda. Participa en reuniones extraoficiales con Torres Hurtado y la entonces concejala de Urbanismo para desbloquear expedientes. Mantiene relaciones con los empresarios investigados. Adquiere varios BMV al concesionario de José Julián Romero y dos de sus hijos están relacionados con una empresa de García Arrabal. En 2007 adquiere tres viviendas y tres aparcamientos a García Arrabal por 703.300,92 euros.

Directora General de Urbanismo desde febrero de 2013 y también ocupó otros cargos anteriores. Habría firmado a favor muchos asuntos o temas “patrocinados por Emilio Martín, porque ha trabajado muchos años como aparejadora a sus órdenes y cree que le debe algo”. Se le intervienen en su domicilio agendas desde 2008.

Secretaria del Ayuntamiento desde 2003, con la llegada de José Torres Hurtado y hasta la dimisión de este. Según la Policía, habría colaborado para que la trama consiguiera sus propósitos, emitiendo determinados informes jurídicos cuando hubiera sido necesario. Cita su participación en la operación y el contrato del pabellón Mulhacén y en la cancelación de la deuda del plan parcial del fallido Palacio de Hielo. 

Empresario con 33 cargos activos y 32 históricos en 33 entidades. Dos hijos del exgerente de Urbanismo Manuel Lorente están relacionados con una de sus sociedades. Según la Policía, recibe contratos municipales que después se modifican y le resultan más ventajosos. En el caso del pabellón Mulhacén obtiene así beneficios de dos millones al ahorrarse esta cantidad en las obras que tenía que hacer. En los registros localizan una caja fuerte en una entidad bancaria en la que tenía 71.300 euros.