Declaró el 14 de noviembre de 2016 ante la PDI como imputado en el Caso Basura. Dijo que partió en 2005 en Maipú como funcionario a honorarios, encargado de Seguridad Ciudadana, área en la que trabajaba desde 2002 en la comuna de Santiago. Tres años estuvo en ese cargo. Luego pasó a desempeñarse en labores de coordinación en el gabinete del ex alcalde Alberto Undurraga (2004-2012) para luego, en 2012, postularse y salir electo como concejal. Dice que en paralelo trabajaba a honorarios en la Unidad de Seguridad Ciudadana de Cerrillos, por un sueldo cercano al millón de pesos.

Aunque no dice cuándo comenzó a trabajar en ese municipio (junio de 2013), señaló a los policías que allí ejecutó el plan estratégico de seguridad de la comuna e implementó tres proyectos: instalación de cámaras de televigilancia, de unas 2.500 alarmas comunitarias y la adquisición de seis vehículos para seguridad, todo financiado por el Gobierno Regional.

Para respaldar su trabajo hizo entrega de varios dossier con documentación, incluyendo informes mensuales técnicos, correos, actas y otros. Los policías dan cuenta de que todos los informes mensuales contienen tareas distintas, “detallando cada reunión, análisis de propuestas, aportes de criterios para propuestas públicas, todo en relación a seguridad ciudadana”.

Aclara que a pesar de que el último de sus contratos a honorarios era con Cerillos (mayo y junio de 2015), el sueldo lo paga el GORE Metropolitano. 

En 2012, entre marzo y diciembre, estuvo contratado en la Fundación FEN de la Universidad de Chile por una supuesta asesoría en marketing de la cual no quedó registro alguno. Ese contrato figura en un informe de la Contraloría como un vínculo sin autorización ni conocimiento del directorio. La fiscalía investigó ese y otros contratos por el supuesto desvío de dineros hacia campañas políticas de la DC. Por ese contrato fue formalizado a mediados de 2016, y en septiembre de este año llegó a un acuerdo compensatorio: debió cancelar $1,5 millones.

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y ex SEREMI metropolitano de Educación durante el gobierno de Sebastián Piñera, desde donde coordinó los Liceos Bicentenario. Su nombre aparece en la guía de expertos de la Fundación Jaime Guzmán.

En octubre de 2015 fue contratado a honorarios en Colina para “evaluar, orientar y dar seguimiento a los requerimientos de la comunidad que se presenten en forma directa en la alcaldía”, para lo cual se le pagarían más de $2,2 millones mensuales bruto. Estuvo en ese cargo al menos hasta abril de 2016, el último mes que apareció en los registros de transparencia activa como funcionario a honorarios.

Por entonces, tenía en paralelo un contrato con la Corporación Municipal de Til Til, con un sueldo bruto de $1,6 millones; vínculo que se mantuvo por todo 2016. Actualmente es el gerente de la Corporación Municipal de Melipilla. No hay registros de su contrato ni su vínculo laboral en el sitio de transparencia del municipio, pero un artículo en somosmelipilla.cl señala que gana más de $7 millones.      

Abogado de la Universidad Católica y licenciado en Historia y Geografía. Fue contratado en agosto de 2013 a honorarios en Colina como “apoyo profesional a la asesoría jurídica”. Su nombre apareció en la nómina de personas que emitieron boletas a SQM por servicios de los cuales no hay registro de haber sido ejecutados. En su caso, fueron $4,3 millones. De esa forma, Urra se convirtió en el vínculo que llevó la investigación del Ministerio Público por financiamiento ilegal de la política directamente hacia Colina y el círculo cercano del alcalde Mario Olavarría. 

Aunque un informe de la Contraloría emitido en octubre de 2016 señaló que sus servicios en Colina se encuentran "insuficientemente acreditados", su vínculo laboral con el municipio sigue vigente.

Urra trabaja además en la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), donde Olavarría fue presidente y hoy figura como primer vice presidente. Allí se desempeña como encargado de la Unidad de Control. 

Periodista y concejal de La Cisterna desde diciembre de 2012 por la UDI.

Poco antes de comenzar la campaña para postular a ese cargo, en agosto de 2012, fue contratado  como editor y productor para los noticiarios de la Radio Municipal de Colina 107.9 FM, con un sueldo de $1,4 millones. Fue beneficiario del “Programa Comunal de Empleo”. Pero según descubrió la Contraloría en sus auditorías, nadie en la radio lo conocía. Nunca lo vieron por allí. Por eso fue objeto de sumarios y un juicio de cuentas. La municipalidad de Colina puso fin a su contrato a comienzos de febrero de 2013.

Durante ese período era también jefe de gabinete del director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, primero de Francisco Miranda Guerrero y luego, desde julio de 2013 a marzo de 2014, de Juan César Kehr Soto. Luego fue contratado como periodista en la Corporación Municipal de La Florida, COMUDEF, donde se le pagaba con recursos de la Ley SEP, y en julio de 2015 fue contratado como encargado de comunicaciones de la Corporación de Desarrollo de Cerro Navia.

Su contratación irregular fue tratada en una reunión que tuvo el alcalde de Colina, Mario Olavarría, con los funcionarios que declararon ante el fiscalizador de la Contraloría que nunca conocieron a Flores. Esa reunión quedó registrada en un audio donde Olavarría reconoce que estos contratos eran a cambio de “la cara bonita y los votos” de los concejales Gonzalo Torres y Pablo Atenas.

Administrador Público de la Universidad de Chile y concejal en Colina desde diciembre de 2008. Según ha planteado en entrevistas a medios locales, se considera a sí mismo como el encargado de mantener el "equilibrio" al interior del Concejo. 

En julio de 2009 fue contratado como funcionario de planta en la Municipalidad de Macul, donde se ha desempeñado, entre otros, como secretario municipal y jefe de Dideco, cargo que mantiene en la actualidad.

Es sociólogo y militante del PC. Asumió como concejal de la Municipalidad de Maipú a fines de 2012, y desde entonces se mantiene en el cargo.  Es también presidente de la comisión de concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

Su nombre figura en una ampliación de querella que presentó en el marco del Caso Basura el abogado Lino Olivares, del estudio jurídico LAw & Consulting, en representación de un grupo de comerciantes de Maipú. Se le acusa de apropiarse de fondos municipales de manera ilegal mediante supuestos palos blancos que tendrían contratos a honorarios en el municipio. 

Él también registró un contrato a honorarios en la Municipalidad de Cerrillos entre enero de 2014 y junio de 2015.    

Bárbara es hermana de Marcela Morales Aliste, ex administradora municipal de Cerro Navia y pieza clave del entramado de corrupción que investiga la fiscalía en el marco del Caso Basura.  

Cuando la PDI la fue a buscar a comienzos de octubre de 2016 a la casa de su madre, no se encontraba allí. La requerían para que también declarara como imputada en el Caso Basura, donde figura involucrada por contratos a honorarios supuestamente irregulares, por lo que le dejaron una citación para que asistiera en otra oportunidad.  
 
Según los datos oficiales, ella estuvo contratada en Maipú entre abril de 2014 y abril de 2015 por concepto de “Atención de público y salidas a terreno, dependiente de la Dideco”. Todos los informes mensuales respecto a sus prestaciones de servicios, según se señala en un informe de la PDI, son similares, y en ellos “sólo se cambia la unidad vecinal supuestamente visitada o atendida. Lo cual queda de manifiesto que estas prestaciones no se realizaron”. 
 
Para asegurar lo anterior, la PDI se basa en escuchas telefónicas a su hermana, “donde se pudo acreditar que Marcela junto a Bárbara y Marcelo Torres Ferrari se confabularon para defraudar al municipio de Maipú”. 
 
Las escuchas dicen: 
1.- 23/4/14 -- Ambas hermanas se refieren a un correo donde se señala que el cometido funcionario de Bárbara se relaciona más a ser asesora de Marcelo Torres. 
2.- 10/6/14 -- Bárbara le consulta a Marcela qué debe colocar en el informe, a lo que ella responde que lo mismo que en el original, pero que ponga otra unida vecinal y cambie el orden, para que se vea distinto.

El primer contrato que firmó Carlos Richter (RN) para desempeñarse como funcionario a honorarios en Cerro Navia decía que sus labores comenzaban el 1 de julio de 2011, tan sólo días después de haber apoyado con su voto -como concejal en Maipú- la adjudicación a KDM de una millonaria y cuestionada licitación para la disposición de la basura en esa comuna.

Un proceso que el Ministerio Público investiga por el supuesto pago de coimas y donde él es uno de los principales acusados. La Fiscalía ha caracterizado el cuadro como una "asociación ilícita" que se articuló en Maipú y Cerro Navia para favorecer a KDM y otras empresas en distintas licitaciones, por lo cual Richter ya fue formalizado por cohecho, fraude al fisco y malversación de caudales públicos.

Existe además un contrato a honorarios que firmaron el alcalde de Colina y Carlos Richter el 26 de julio de 2011, similar a los que el concejal de Maipú firmó en Cerro Navia y que ya le han significado siete cargos por malversación de fondos públicos. El vínculo laboral de Richter con Colina duró sólo tres meses, y al igual que los de Marcela Morales y César Vidal, se enmarcó en el Programa Comunal de Empleo, cuyo fin era contratar personal a honorarios para las direcciones municipales que lo requirieran.

A Vittori, cuyo contrato en Cerro Navia estuvo vigente entre enero y agosto de 2011, le pagaban $1.112.000. A Richter, le cancelaban la mitad de ese monto: $555.555. Por el contrato en Colina, en tanto, recibía $555.556.

Los contratos de Richter en ambas comunas operaron de forma simultánea, aunque con un mes de desfase. En Cerro Navia comenzó en julio de 2011, mientras que en Colina lo hizo en agosto. En los dos casos, el vínculo se extendía por tres meses y por el mismo monto bruto, que sumados equiparaban el pago que recibía Vittori. La diferencia estaba sólo en los detalles del servicio contratado.

El contrato de Cerro Navia encomendaba a Richter una tarea específica: “Elaborar planes de desarrollo territorial en conjunto con equipos multidisciplinarios y comunidad, que permitan la construcción de un modelo de planificación territorial que contribuya a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comuna”. Esa es la labor que, según Lastra, el ex Concejal de Maipú no habría realizado.

El de Colina, en cambio, sólo establecía que se le contrataba como “apoyo administrativo a organizaciones comunitarias”, que se trataba de un trabajo “transitorio y no habitual que debe ser realizado por un experto” y que el pago de los honorarios quedaba supeditado a la entrega de una boleta de honorarios y de un informe de avance de trabajos que debía presentar a Dideco al término del contrato.

Otra diferencia es que transcurridos los tres meses, en Cerro Navia se le renovó el contrato a Carlos Richter en repetidas oportunidades, manteniendo vigente el vínculo laboral hasta fines de 2014, llegando a cancelarle más de $17 millones. En Colina, en cambio, no se renovó, por lo que sólo alcanzó a cobrar poco más de $1,6 millones.

Después de eso, volvió a ser contratado en Cerro Navia, pero esta vez a través de la Corporación de Desarrollo Social del municipio como encargado de logística, infraestructura y abastecimiento, a contrata por todo 2015, y un sueldo bruto mensual de casi $1,4 millones (al menos en septiembre figura en la planilla de pagos). 

Declaró ante la PDI como imputada en el Caso Basura el 5 de octubre de 2016, cuando estaba en plena campaña para su reelección en Cerillos como concejal. Para entonces, decía que se dedicaba a tiempo completo a su labor en el concejo municipal, ya que su salud le impedía realizar otras actividades remuneradas. 
 
Pero antes de eso, entre fines de 2013 y abril de 2015, se desempeñó como funcionaria a honorarios en la municipalidad de Maipú, realizando labores administrativas en el Departamento de Seguridad Ciudadana. Al principio, según declaró, trabajaba en el mismo municipio y después en terreno, donde se contactaba con dirigentes vecinales y pobladores. Sus jefes eran Cristian Inostroza y un hombre cuyo nombre no recuerda pero que era “de estilo italiano”. 
 
Aunque se refrió a que trabajó durante todo ese período, los pagos aparecen con varias lagunas: en los registros de transparencia municipal sólo figuran pagos a su nombre en enero, octubre, noviembre y diciembre de 2014 y, en 2015, sólo en abril. 
 
Relató a los policías que los pagos los cobraba en efectivo y que sólo una parte de lo que recibía como concejal era depositado en su cuenta. También dijo que emitía informes mensuales, de los cuales debía haber copia en la municipalidad de Maipú, pero que ella no tenía los respaldos. 
 
De acuerdo al informe policial, sólo se encontraron informes de prestación de servicios enviados por el municipio a la Contraloría correspondientes a abril y diciembre de 2015, en los cuales se consignan las mismas tareas. 
 
En su declaración se refirió también al concejal de Maipú Abraham Donoso como “un compañero de labores en la municipalidad de Cerillos, quien a su vez es también militante del Partido Demócrata Cristiano, el cual es jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana, con quien a la fecha he mantenido cierto grado de amistad”. No se refiere al supuesto desvío de los dineros obtenidos en Maipú a Donoso, como se plantea en la querella en su contra.

César Vidal trabajó con un vínculo a contrata desde 2010 en Cerro Navia como jefe de la Dideco. Allí, al menos por tres meses de 2013, tuvo doble contratación, ya que estuvo con un contrato a honorarios simultáneo. 

Ese mismo año, en junio, comenzó su vínculo contractual a honorarios con la municipalidad Colina, sólo días después de haber compartido un viaje a Cuba con dos concejales de esa municipalidad y otros funcionarios de Cerro Navia. Se le pagaba poco más de $1,4 millones bruto al mes. Así fue por dos años, hasta junio de 2015. 
 
No está claro aún cuál habría su rol en la red que estructuró Marcelo Torres para la realización de los delitos vinculados al Caso Basura, pero el Ministerio Público también ha centrado su atención en la naturaleza de esos contratos, ya que al igual que en el caso de Marcela Morales, no habría respaldo de sus servicios. 
 
En abril de 2017, ya fuera de Cerro Navia (renunció a fines de 2016, tras el cambio de administración), fue nuevamente contratado a honorarios en Colina, esta vez como encargado de organizaciones comunitarias, cargo que mantiene actualmente, 

Es un profesor de Biología y magíster en gerencia pública. Tras desempeñarse en la Municipalidad de Puyehue como director de SECPLA, llegó en los '90 a Maipú para asumir como jefe de Dideco y luego como defensor ciudadano, bajo la administración del ex alcalde Herman Silva (1992-2000). 

En 2008 fue electo concejal de Maipú, para luego, cuatro años después ser elegido alcalde de esa misma comuna. Fue desde esas posiciones que se convirtió en uno de los principales involucrados en el Caso Basura: por una parte por su rol en las licitaciones que habría aprobado tras el supuesto pago de coimas y, por el otro, por los contratos a honorarios que tenía en Cerro Navia por servicios que no habría prestado.

Dicho contrato en estuvo vigente entre enero y agosto de 2011, le pagaban $1.112.000. Actualmente enfrenta un juicio oral por cohecho, fraude al Fisco y lavado de activos. 

Su situación judicial derivó en que la DC le quitara su apoyo para repostular a la alcaldía en las elecciones municipales de 2016, por lo que en marzo de ese año renunció al partido. Y aunque renunció a su cargo un mes antes de que se cumpliera su período para cumplir con el plazo legal que le permitiera postularse en las parlamentarias de 2017, finalmente no se presentó como candidato. Hoy arriesga una pena de hasta 16 años de prisión.       

El 17 de febrero de 2017, el nuevo alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, ingresó la ampliación de una querella en el Caso Basura para incluir como imputada a Cynthia Arellano, debido a un contrato a honorarios falso. 

Se enteró de la irregularidad luego de que la madre de Arellano se le acercara días antes y le pidiera por favor que la mantuviera en su cargo a honorarios en el municipio, donde ganaba un sueldo bruto de aproximadamente $200.000. Supuestamente por la mantención de un área verde. Pero lo cierto era que no se le había contratado para eso; que la funcionaria no era quien cumplía la labor, sino su madre; y que el servicio que prestaba estaba ya encargado a una empresa externa que se había adjudicado una licitación. 

El alcalde Tamayo señaló en ese documento que “ningún funcionario ni jefatura la conoce, ni menos ha prestado servicios en la Dideco, unidad que debía certificar la prestación de sus servicios (…), trabajos que nunca fueron realizados, ya que como señalé, ella nunca concurrió a prestar los servicios pactados al municipio”.

Su nombre figura en el sumario que realizó la Contraloría por contratos a honorarios en la Municipalidad de Colina por servicios cuyo respaldo serían informes copiados desde distintos sitios web, 

Fue contratada en esa comuna en mayo de 2012 como "apoyo a la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco)", vínculo que se mantuvo hasta diciembre de 2013. El sumario de la Contraloría señala que al menos cinco informes presentados, visados y pagados por el municipio fueron plagiados. 

En todo caso, ese no era su único trabajo. De hecho, su función fija y principal está en la Municipalidad de San Ramón, donde tiene un contrato de planta desde mayo de 2005 y que sigue vigente hasta hoy.   

Fue contratado en enero de 2013 en Colina como “apoyo profesional a la SECPLAN”, por un sueldo mensual de $1,6 millones. Ese año él tenía un contrato a honorarios en el Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC) por casi $1,4 millones. 
 
También registró en ese mismo período varios contratos a honorarios en la municipalidad Quilicura, de entre uno y tres meses cada uno, por más de $1,1 millones (entre febrero y diciembre). Su vínculo con la comuna de Olavarría acabó a mediados de 2015. 

El abogado Eduardo Ramírez Cruz (UDI), ex alcalde de San Miguel y la carta de la UDI para las primarias municipales de junio en esa misma comuna. Perdió ante el RN, Luis Sanhueza. 
 
En marzo de 2010 asumió como jefe de gabinete de Ena Von Baer en la Segegob, donde ganaba un sueldo bruto mensual de casi $5,5 millones. Cuando Von Baer dejó el gobierno y asumió como senadora designada en reemplazo de Pablo Longueira, Ramírez fue nombrado director del Diario Oficial, cargo que mantuvo hasta el fin del gobierno de Sebastián Piñera. 
 
En marzo de 2014 fue contratado a honorarios en Colina como “apoyo profesional a organizaciones comunitarias dependiente de Dideco. Se mantuvo en el cargo hasta noviembre de 2016. Aún así, en la misma auditoría de la Contraloría que detectó irregularidades en los contratos de Marcela Morales y César Vidal, se dice que de los trabajos hechos por Ramírez durante 2014, “no existe  documentación en el municipio que sustente o respalde” sus informes. 
 
En un informe de octubre de 2016, la Contraloría volvió a cuestionar su vínculo con el municipio, aunque tras la entrega de información por parte de la entidad auditada, la observación fue subsanada.    
 
A fines de 2016 llegó a la Municipalidad de Providencia como director de Dideco, con un contrato de planta por más de $5 millones mensuales. Ese cargo lo mantuvo al menos hasta septiembre de 2017, desde cuando figura con contrato a honorarios, ahora como asesor jurídico.

Hija de concejal de Cerro Navia, Luis Molina Gaete.

Ella declaró como imputada en el Caso Basura ante la PDI el 17 de noviembre de 2016 y señaló que ingresó a trabajar en Maipú primero en 2013 por sólo dos meses en el gabinete del entonces alcalde Christian Vittori, “donde debía realizar una sistematización de la atención que recibían los vecinos de la comuna ante sus requerimientos, con el fin de mejorar el acceso a la información y a las prestaciones de servicios”. Aunque su sueldo bruto de esos meses (mayo y junio) figura en los registros oficiales con una cifra de $993.333, ella declaró que recibía apenas $550.000 que cobraba y se quedaba íntegramente, aunque en efectivo, ya que no lo depositaba en su cuenta.

Volvió en julio de 2014 y ahí se mantuvo hasta fines de 2015, con sueldos mayores, aunque ahora en la Dideco. Su labor, dijo a los policías, era similar a la que realizaba en la alcaldía: con horario flexible y entrega de informes, iba dos o tres días a la semana. Elizabeth Morales señala que durante todo ese tiempo ese fue su único trabajo.

Aunque señaló que trabajó hasta diciembre de 2015 y su contrato así lo estipulaba, en los registros de transparencia sólo aparecen pagos a su nombre hasta junio de ese año.

Dijo que emitía informes de su trabajo que quedaban primero en la alcaldía y después en la Dideco, aunque ella no tiene respaldo de los mismos. Sobre los “informes de prestación de servicios” -que según la PDI son todos similares, al menos en el según período que trabajó en Maipú-, señaló que sólo se elaboran como respaldo para el pago de la boleta. Las firmas que habría estampado ”no son similares en todos los informes” ni concuerda con la que puso en su declaración policial, concluyó la PDI en su informe.

En la querella en su contra se señala que le habría entregado parte del dinero a la concejal Carol Bortnick, cosa que ella niega.

Declaró ante la PDI como imputada en el Caso Basura el 5 de octubre de 2016, donde señaló que desde 2012 era concejal de Cerrillos y que también trabajó como psicólogo en un colegio en Lo Espejo, en 2013, en el programa PIE. Al año siguiente, entre marzo y diciembre, estuvo contratado a honorarios en la Dideco de Maipú, donde habría coordinado talleres municipales para adultos mayores, centros de madres e infantes. “Todo quedaba codificado en el sistema computacional. Yo concurría casi todos los días, pero esto era relativo, conforme a las necesidades”, señaló.

Dijo que se le pagaba contra la entrega de informes mensuales que eran visados por el director de la Dideco y que confeccionaba detallando en términos generales los trabajos realizados. Para el informe de la PDI no se tuvieron a la vista esos informes.

En su declaración, negó haberle pasado dinero al concejal de Maipú, Ariel Ramos, con quien -aseguró- sólo tienen relación como militantes del PC. El dinero lo cobraba en efectivo y no lo depositaba en el banco.

Señaló también que en enero de 2015 ingresó a trabajar a honorarios al Hospital El Carmen de Maipú, como psicólogo en relaciones laborales, aunque renunció en junio de 2016 por motivos personales.

Declaró como imputado en el Caso Basura el 13 de octubre de 2016 ante la PDI. Dijo que ingresó a trabajar a Maipú en 2013 como apoyo a la oferta cultural y organización de eventos, funciones dependientes del Departamento de Cultura del municipio. 
 
Sobre sus funciones, dijo: “Mi labor consistía en visitar los eventos de los otros municipios, como festivales u otro tipo, donde me correspondía contactar artistas y productoras tomando su contacto en un block para entregárselos a David (León) o Bárbara (Aliaga). Además me correspondió hacer un informe respecto a programas culturales a nivel mundial de cines, recitales y otros eventos. Yo no veía los tratados que estos pudieran haber efectuado; sólo era un apoyo”. 
 
No tenía horarios ni había una pauta a los que debía asistir. Tampoco hacía informes mensuales, aunque el trabajo por el que se le contrató fue “generación de informes para la gestión y evaluación de la actividad desarrollada por el Departamento de la Cultura”. 
 
Aun así, todos los informes de prestación de servicios que se enviaron a la Contraloría señalan lo mismo, y ni siquiera están todos: faltan a lo menos cuatro, y al igual que en los otros casos, la firma que contienen no es similar a la que Guerra puso en su declaración policial. 
 
Sólo tenía contactos con Bárbara Aliaga, jefa del departamento, y el productor de eventos David León, con los que se reunía una vez a la semana en cafés y restaurantes, “muy pocas veces al interior del municipio”, declaró. Por eso nadie más habría sabido de sus funciones y labores. 
 
Al principio, lo de Maipú era su trabajo exclusivo, aunque en 2014 y parte de 2015 trabajó en paralelo en otra empresa del sector privado. 
 
Negó rotundamente haberle entregado dinero a su entonces cuñada, la concejal de Maipú Marcela Silva, y aseguró que todo lo obtenido quedó para él y su familia. 
 
El decreto de su contratación de 2013 recién se emitió en mayo de 2015.

Además de ser concejal en Colina desde 2008, fue jefe de gabinete del alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, hoy formalizado y acusado en el marco del Caso Basura. Así definió su labor cuando declaró en la fiscalía en mayo de 2015: 
 
“A contar del 1 de abril de 2014, estoy a contrata. Tengo asignado un grado 5 del escalafón profesional y cumplo funciones de jefe de gabinete: organizo la agenda del alcalde, salida a terreno acompañando al alcalde, atiendo a vecinos en la municipalidad, reuniones protocolares, voy esporádicamente al concejo municipal, aunque no me siento en la testera, sino como oyente con los vecinos. Tampoco hago la agenda del concejo”, dijo. 
 
Gonzalo Torres fue también asesor del secretario general de RN, Mario Desbordes, cuando estuvo en la Subsecretaría de Investigaciones durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y antes de eso, fue jefe de gabinete del ex alcalde de Maipú, Roberto Sepúlveda –uno de los primeros en estar involucrados en licitaciones cuestionadas de la basura con KDM–, mientras su hermano Marcelo era director jurídico. 
 
Desde marzo de 2012 y hasta marzo de 2014, figuró como funcionario a contrata en la Dirección del Servicios de Salud Metropolitano Central (SSMC). En ese mismo período, entre junio de 2012 y marzo de 2013, figuró también con un contrato a honorarios en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOcc), primero para "Apoyo en Comunicaciones sin Programa" y al final como Apoyo para el "Departamento OIRS sin programa". Según Gobierno Transparente, terminó ganando más de $6,6 millones mensuales. 

Fue director de la Dideco de Cerro Navia entre septiembre de 2010 y mayo de 2011 y en los registros de 2015, volvió a aparecer entre los empleados, como encargado de CEDEP.

Fue él quien llevó a Christian Vittori a trabajar a Cerro Navia como apoyo en la dirección de la Dideco, mientras era concejal en Maipú. De hecho, como Vittori no tenía oficina y su contacto era directamente con Boher, compartían el espacio.

Ha declarado como imputado en el Caso Basura, aunque nunca fue formalizado. Su sucesor en Cerro Navia, Andrés Lastra, declaró que Boher llegó a esa comuna llevado por Marcelo Torres, y que cuando fue despedido por reclamos de la comunidad, Torres y  Morales habrían realizado gestiones para que apareciera como una renuncia voluntaria.  

Es asistente social y fue concejal de Quilicura por ocho años, entre 2008 y 2016. Ese último año participó como candidato a alcalde de esa misma comuna, aunque no resultó electo. 

Godoy registró también un vínculo contractual a honorarios en la Municipalidad de Colina durante todo 2012 como "apoyo a la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco)".   

En la ampliación de querella que presentó el abogado Lino Olivares en el Caso Basura, en representación de un grupo de comerciantes de Maipú, se acusa a Gilbert de tener un contrato a honorarios falso con el municipio de esa comuna, ya que "el querellado en cuestión, nunca ha trabajado en el Municipio de Maipú, percibiendo una renta mensual de $1.042.592, entre los años 2012 y 2015". 

También se le acusa de servir como palo blanco de la ex concejal Carol Bortnick (PPD), ya que supuestamente a través de él, ella se habría apropiado de fondos municipales de forma fraudulenta. 

Si bien lo anterior fue parte de la investigación del Caso Basura, Gilbert no figura entre los formalizados. Lo que sí es un dato concreto es que él tuvo un vínculo a honorarios con la municipalidad entre abril de 2012 y mayo de 2015. Y al mismo tiempo tenía un contrato en el Senado como asesor territorial del senador Guido Girardi.    

Abogado que figura con varios contratos en diversos municipios por todo el país.

En enero de 2013 fue contratado en Vallenar por un plazo de tres meses para hacer un catastro de inmuebles municipales. Le pagaron más de $6,8 millones. En junio de ese mismo año, la alcaldesa de Parral lo contrató a honorarios como su asesor en distintas materias. Aunque su contrato se extendía hasta diciembre de 2013, sólo figura en los registros de Transparencia Activa hasta septiembre.

En un acta del concejo municipal de Ancud, del 25 de febrero de 2014, en medio de una discusión sobre el PRM, se hace mención a un informe que realizó en su calidad de “asesor jurídico de la alcaldesa”, aunque no figura en registros de Transparencia como funcionario del municipio.

Donde sí aparecía por esos días era en los registros de las Municipalidad de Hijuelas, donde tenía un contrato de honorarios por “servicios profesionales” desde enero de 2014. Un año después fue contratado en Colina para realizar la labor de “apoyo profesional a la Asesoría Jurídica”. Sus contratos en ambos municipios siguen vigentes.

Desde julio de 2015 que figura en el registro de asesores externos de la Cámara de Diputados, aunque no registra asesorías realizadas a parlamentarios.
 
En paralelo ha representado como defensor en el Caso Caval al ex director de Obras de Machalí, Jorge Silva, acusado de haber entregado información confidencial a la empresa de Natalia Compagnon y haber recibido sobornos; al alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda (RN), en una querella en su contra por injurias; y al ex alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, en un proceso de remoción que iniciaron algunos concejales en su contra por irregularidades en el uso de recursos de la Ley SEP y el no pago de las cotizaciones a funcionarios del área de Educación.

También ha patrocinado causas de clientes particulares en contra de organismos públicos.

El 6 de octubre de 2016 declaró ante PDI como imputado en el Caso Basura y señaló que empezó a trabajar en 2014 hasta comienzos de 2015 en Maipú para “ejecutar labores de coordinación para la realización de eventos, en conjunto con las direcciones del municipio”. Señaló que se hacían en centros de vecinos, club deportivos y otros, donde “yo colocaba mis equipos de audio para la realización de estos eventos. No recuerdo uno en particular, ya que no conozco muy bien la comuna de Maipú”.

Él mismo reconoció que eran trabajos esporádicos, pero que se le pagaban mensualmente, entre $980.000 y $1.042.630. Negó que esos dineros hayan sido luego entregados a la concejal de Maipú Carol Botnick, como se señala en la querella que presentaron en su contra.

Su relato no cuadra con lo que se señalaba en su contrato, donde se especifica que su labor sería: “Reclutar solicitudes, recibir e informar asuntos que tengan con DECEP-OMIL y hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el cumplimiento y servicios de estos”.

Molina reconoció que nunca realizó ningún informe sobre sus servicios, aunque la PDI sí tuvo a la vista supuestos informes de sus trabajos en los que en todos los meses se señalan las mismas labores, que no tienen relación con lo que él mismo declaró. Además, según los policías que realizaron el informe, la firma que aparece en esos documentos no se asemeja a simple vista a la que estampó en su declaración policial.

Molina fue asesor parlamentario del senador Guido Girardi (PPD): entre abril de 2012 y mayo de 2015 figura como su asesor territorial con un salario mensual de $222.222.

Por último, el decreto de su contratación a honorario en Maipú se emitió recién en diciembre de 2014, cuando ya llevaba ocho meses recibiendo remuneraciones. 

Fue secretaria de Planificación (SECPLA) en Cerro Navia entre 2008 y comienzos de 2014. Después pasó a ser la administradora municipal en esa misma comuna, sucesora en el cargo de Marcelo Torres Ferrari, concejal por RN en Maipú y sindicado como el principal articulador de la red de corrupción que se artículo entre distintos municipios y que derivó en el Caso Basura. Por él habrían pasado las supuestas coimas que se habrían repartido entre los concejales que votaron la adjudicación de los contratos. El rol de Morales en la red, según la investigación de la fiscalía, habría sido el de “testaferro de Torres”. 
 
En la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en abril de 2015 se detalla la forma en que Morales habría operado para facilitar el blanqueo de los dineros: simular un préstamo a Torres por $13 millones, realizar pagos con dineros supuestamente propios por $3,8 millones y comprar al menos cuatro departamentos, siendo que se habría acreditado que no tenía los recursos para hacerlo. También compró autos y facilitó a Torres cheques y su tarjeta de crédito para cancelar los gastos comunes del condominio donde vive en Colina e incluso para pagar la estadía de él junto a Christian Vittori, Carlos Richter y a la ex funcionaria de Cerro Navia, Verónica Lantadilla, en el Hotel Termas de Puyehue. 
 
Casualidad o no, el primer vínculo contractual de Morales con Colina coincide con el período en que KDM movía las piezas en Maipú para adjudicarse una millonaria licitación para la recolección de la basura. Fue en octubre de 2010, cuando fue contratada a honorarios en Colina para cumplir el rol de “apoyo profesional a la SECPLAN” por un monto bruto mensual de $1,4 millones. Ese contrato sería renovado anualmente hasta 2014, cuando terminó abruptamente el 1 de junio. A Morales se le habrían pagado al menos $49 millones. 
 
Hay dictámenes e informes de Contraloría que objetan esos contratos y sus pagos, ya que los supuestos servicios prestados no tendrían respaldo. Además, estarían fuera de lógica, ya que su contrato con Cerro Navia es por 44 horas semanales y, por ley, es incompatible con cualquier otro trabajo. 
En 2016 fue protagonista en un sumario administrativo y objeto de un juicio de cuentas en la Contraloría. 
 
Morales está formalizada en la arista principal del Caso Basura, acusada de malversar caudales públicos, defraudar al Fisco y sostener contratos paralelos por servicios no prestados. 
 
Tras salir de Colina, figura en la nómina de funcionarios a honorarios de la municipalidad de Quilicura, con contrato entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2014, aunque sólo aparece en la plantilla de pagos de septiembre. Según esos registros, la glosa por la que se le contrató dice "para financiamiento público sectorial y/o regional, destinados al diseño y ejecución de proyectos de desarrollo comunal en los ámbitos del mejoramiento del equipamiento y del..." (en el documento aparece cortado). 

Es secretaria y esposa del ex concejal Carlos Richter desde 1992. 

Fue contratada a honorarios en la Municipalidad de Maipú en enero de 2013 en el Programa Plan de Acción Anual, justo un mes después de que su marido dejara el puesto que ocupó en el concejo municipal entre 2008 y 2012. 

Al año siguiente, nuevamente fue contratada, esta vez para “contribuir en los niveles de conocimiento en cuanto a las habilidades y roles parentales que debe desarrollar cada familia para favorecer a la crianza de los hijos e hijas por medio de diversas gestiones”. Esa labor habría estado realizando hasta septiembre de 2015, cuando en los registros empezó a figurar que su labor era realizar “asesoría y seguimiento de compromisos alcaldicios con dirigentes y vecinos de la comuna de Maipú”. Mantuvo el cargo hasta diciembre de 2016.  

Aunque su contratación era uno de los argumentos utilizados por la fiscalía para perseguir al ex alcalde de Maipú, Christian Vittori, al final fue desestimado, ya que se habría podido comprobar que sí realizó los trabajos contratados.

Publicista. Fue concejal por Quilicura durante el período 2008-2012. Justo un día después de haber dejado el cargo, luego de no obtener la reelección, el municipio lo contrató a honorarios. Después sería incorporado al personal a contrata. En momentos uvo dos tipos de contratos distintos de forma simultánea. Su vínculo con el municipio sigue vigente.

Ya en 2009 había sido cuestionado por la CGR por un contrato por trabajos sin respaldo en Lo Espejo. En su respuesta, el alcalde Carlos Inostroza (DC) decía que los funcionarios cuestionados sí habían realizado los trabajos encomendados, a excepción de cinco personas a las que se les aplicaría un sumario. El de Calderón es uno de esos nombres.

Como Lo Espejo no tiene información publicada respecto a contratos previos a 2016, no está claro cuándo comenzó ese vínculo, cuál fue la labor contrada ni hasta cuando se mantuvo vigente.

Es secretaria ejecutiva y esposa del concejal Abraham Donoso.

Registra contratos a honorarios de 2006. En la ampliación de querella que presentó el abogado Lino Olivares, del estudio Law & Consulting, se señala que fue contratada a honorarios por la Municipalidad de Maipú en enero de 2012. Sus labores: “Atención servicios desconcentrados y participación ciudadana”. Sigue trabajando allí, ahora como encargada de “desarrollo y ejecución de labores administrativas como elaborar y recibir documentación de las diferentes dependencias municipales, atención de público”.

Director de Tránsito y Transportes de Maipú. Tiene contrato de planta en Maipú desde septiembre de 2001. Cuando fue contratado a honorarios en Colina, su salario en Maipú era de poco más de $3 millones. Actualmente, su sueldo se mantiene prácticamente igual, aunque en septiembre de 2017 cobró 140 horas extra.

Fue contratado a honorarios en Colina el mismo día que el municipio puso fin a su vínculo con Marcela Morales, en junio de 2014. Es, al parecer, un traspaso de posta: su contrato señala que él asume desde entonces el mismo cargo y por el mismo sueldo de $1,4 millones. Su vínculo con Colina se extendería hasta mediados de junio de 2015.

[caption id="attachment_3478026" align="aligncenter" width="1040"]<img src="http://prensa.radiobiobio.cl/wp-content/uploads/2017/11/886fb08a-afdb-41c4-9067-400319e720d7.jpg" alt="Carlos Martínez | RBB" width="1040" height="584" class="size-full wp-image-3478026" /> Carlos Martínez | RBB[/caption]

Cuando Christian Vittori asumió como alcalde de Maipú a fines de 2012, Silva se convirtió en uno de sus más estrechos colaboradores.

Periodista, socio del ex ministro de Bienes Nacionales Víctor Osorio, miembro de la ONG Activa y ex candidato a diputado por RN en 2001, fue contratado en Maipú a honorarios, según los registros de Transparencia, como "Implementación de soporte a la Direccion Alcaldía" (sic). Su sueldo bruto superaba los $2,6 millones, monto que fue aumentando hasta elevarse por sobre los $3,5 millones a comienzos de 2014. Aunque por entonces los registros públicos no señalan cuál era su labor, en algunas publicaciones de prensa se le identifica como el encargado de comunicaciones del municipio. 

Ese mismo año, a fines de abril, el medio local La Voz de Maipú publicó un artículo donde identificaba a Silva como un ex informante de la CNI, a partir de unos listados publicados por El Mostrador en 2010. El periodista Mauricio Weibel lo menciona en su libro "Los niños de la rebelión" como un "joven militante democratacristiano" que a fines de los '80 actuaba como infiltrado en la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES), donde incluso llegó a ser parte de la directiva. Días después fue desvinculado del municipio.

Cuando asumió su cargo en Maipú, Silva tenía un contrato a honorarios en paralelo en Cerro Navia. Partió allí como encargado de prensa del programa "Cerro Navia Comunica" en septiembre de 2011, vínculo que se renovó en reiteradas oportunidades. Llegó incluso a ser parte del directorio de su Corporación Municipal de Desarrollo Social (2011). El último mes que su nombre figuró entre los funcionarios a honorarios de Cerro Navia fue octubre de 2016. 

La PDI lo interrogó el 5 de octubre de 2016 como imputado en el Caso Basura. Fue entonces que señaló que en Vitacura trabaja desde 2000, que en todo este tiempo ha realizado diversas funciones y que ahora es el encargado de fiscalización en la Dirección de Tránsito.

Ya en 2014 tenía contrato de planta en Vitacura, con grado de jefatura, y cuenta que todo ese año se desempeñó a honorarios de forma paralela en Maipú, donde -aseguró- le correspondió llevar a cabo una parte del proyecto de labores de asesoría “Estrategia de Participación Ciudadana para el periíodo 2013-2016”, a cargo de la Dideco.

Sobre su trabajo, declaró: “Estaba ligado al análisis y asesoramiento de la información que me entregaba el director Jaime Azua de Dideco. Esto era entregado en su oficina de forma personal. Se trataba que la ciudadanía de la comuna participara en un proyecto y yo debía hacer las directrices, ver si era factible su ejecución, los montos involucrados, la respuesta que se debía entregar posteriormente a los responsables de su implementación. El resultado de esto lo hacíamos directamente en el computador de Azua en su oficina o en borradores, documentos o pizarras; yo sólo daba mi opinión. Estas reuniones eran una, dos o tres veces al mes”.

Dijo que esas reuniones eran en días de la semana, y que para asistir solicitaba en Vitacura permisos administrativos, feriados legales o iba fuera de su horario de trabajo.

Muñoz entregó actas de algunas reuniones que sostuvo con con algunos coordinadores y encargados de los proyectos (enero y marzo de 2014). Respecto al dinero recibido en Maipú, aseguró que los cobraba en efectivo y que a veces lo depositaba en su cuenta corriente y otras lo destinaba al pago de cuentas. Por lo tanto, no sería efectivo lo que decía la querella en su contra: que le habría pasado parte de ese dinero al concejal Abraham Donoso.

Muñoz señaló que fue Donoso quien lo recomendó en Maipú, luego de que compartieran estudios en la Universidad de Los Lagos durante 2008. Como respaldo de su versión, entregó a los policías documentación de distinto tipo. Los informes mensuales de prestación de servicios son todos similares, aunque en los documentos que él entregó se detallan más sus labores. 

Ex concejal de Lo Barnechea por RN y miembro del concejo general de su partido. Es abogado de la Universidad de Los Andes, máster en Derecho de Empresa de la Universidad Adolfo Ibáñez y máster en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. Desde 2007 es director de la Fundación Manuel Montt.

Considerado como el ahijado político de Carlos Larraín, fue candidato a diputado en 2005 y 2009, primero por la Fuerza Regional Independiente y luego por RN. En ambas perdió. Luego, entre noviembre de 2010 y mayo de 2014, fue jefe jurídico de la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), donde tenía un contrato de planta que llegó a significarle remuneraciones por más de $4,4 millones.

En marzo de 2014 fue contratado a honorarios en Colina. Su vínculo con el municipio se mantuvo hasta diciembre de 2015. 

Cuando el abogado el estudio jurídico Law & Consulting presentó la ampliación de su querella en el Caso Basura en 2015, uno de los nuevos imputados era el entonces ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio. En el documento señalaban que "entre el año 2013 y 2014 emitió boletas de honorarios ideológicamente falsas, por supuestos “servicios prestados”, que en definitiva no se realizaron ya que el querellado en cuestión, nunca ha trabajado en el Municipio de Maipú, percibiendo una renta mensual de $1.222.222".  

Ante la acusación, desde el ministerio se emitió un comunicado donde calificaban la querella como "falsa y calumniosa". Además, señalaba que Osorio “trabajó con un contrato a honorarios en la Municipalidad de Maipú entre enero de 2013 y febrero de 2014, con cometidos y tareas profesionales específicas, las cuales fueron debidamente cumplidas, y que incluyeron la elaboración y la edición de contenidos sobre políticas públicas del Gobierno Municipal y, además, la participación en la Secretaría Técnica de la Red de Alcaldías Pro Participación Ciudadana”.