La Fiscalía imputó cargos al exvicepresidente comercial y ahora gerente de banca de inversión del Banco Agrario, por las presuntas irregularidades que se presentaron en un préstamo de 120 mil millones de pesos al consorcio Navelena, para la obra de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Este caso se desprende de la indagación que se adelanta por la suscripción del convenio entre la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, con la firma brasileña Odebrecht en ese proyecto.

El contratista de la firma ACC Ingeniería, fue condenado a cinco años de cárcel por los sobornos de Odebrecht. Cardona, cercano a Emilio Tapia, habría participado en las maniobras que llevaron a que Odebrecht se quedara con el contrato del interconector entre el río Tunjuelo y la planta de tratamiento Canoas. La firma ACC Ingeniería, de la que Cardona es socio, fue subcontratista del consorcio Tunjuelo-Canoas.

El empresario antioqueño fue señalado por Otto Bula de haber recibido la suma de 1 millón de dólares, dinero que supuestamente habría entrado a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en el 2014, por medio de su jefe de campaña Roberto Prieto. Por estas razones, fue escuchado en interrogatorio por la Fiscalía.

Solarte y su hija son los representantes legales de Cass Constructores, investigados por la Fiscalía  por hechos relacionados con la adjudicación, en el 2009, del contrato Tunjuelo-Canoas del que hizo parte su firma junto a la brasileña Odebrecht.

La exministra de Transporte rindió entrevista en este caso ante los fiscales de conocimiento sobre una adición de 900 millones de pesos en el contrato de la Ruta del Sol, fase dos del tramo Ocaña-Gamarra. Celilia Álvarez y el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, se opusieron a la adición pues consideraban que no era necesaria, pero finalmente fue aprobada. Y aunque la Fiscalía archivó su caso, la Procuraduría le abrió uno por conflicto de intereses al presuntamente beneficiar a familiares de su pareja Gina Parody en contratos relacionados con la Ruta del Sol 2.

Es un empresario de la aviación paisa señalado de ser el presunto responsable de prestar las cuentas bancarias de dos empresas suyas en Panamá, para recibir dinero de Odebrecht destinado supuestamente a la corrupción de funcionarios públicos en Colombia. Se le investiga por  512.000 dólares consignados de las compañías Off-Shore, controladas por el departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

El exdirector de Invías fue llamado a rendir indagatoria por su presunta participación y conocimiento de los hechos que rodearon el soborno en Ruta del Sol II, pues comenzó a asesorar a la multinacional Odebrecht en el 2010, justo después de haber accedido a información privilegiada sobre contrataciones en infraestructura del Estado. También es señalado de ser pieza clave en la entrega de dinero a la campaña Zuluaga.

El hijo de Óscar Iván Zuluaga y representante legal de la campaña de su padre para 2014, fue citado a interrogatorio para aclarar si Odebrecht le pagó 1,6 millones de dólares al publicista ‘Duda’ Mendonça, para que prestara sus servicios a la campaña de su padre. Según el ente investigador, Odebrecht arregló en 2014 una reunión entre directivos de la campaña de Zuluaga y Mendonça, la cual fue realizada en Sao Paulo (Brasil), y contó con la presencia del director de comunicaciones de Odebrecht en América Latina, Marcio Polidoro. Según Jaime Granados no fue el hijo sino el padre el que realizó la negociación con Duda Mendonca.

Según las pruebas recaudadas por la Fiscalía, a comienzos del año 2014 Odebrecht sirvió de puente para llevar a cabo una reunión entre directivos de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga y el publicista Duda Mendonca. Esta reunión fue celebrada a mediados del mes de febrero del año 2014 en Sao Paulo y coordinada por Marcio Polidoro, director de Comunicaciones de Odebrecht para América Latina. En esa reunión Odebrecht asumió el pago a favor de Duda Mendonca, por 1,6 millones de dólares, correspondiente a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña de Zuluaga. Dicho pago se efecutó a una empresa off shore llamada Topsail Holding.

El empresario fue acusado por los delitos lavado de activos y concierto para delinquir. Según la Fiscalía, Zambrano habría hecho lobby para que el contrato de construcción de la vía Ocaña-Gamarra le fuera adicionado en 2014 al de la Ruta del Sol II, con el propósito de no adelantar una nueva licitación pública. Zambrano es señalado de estructurar el plan para lavar dineros de la firma brasileña a través de las empresas Consultores Unidos de Colombia y Consultores Unidos de Panamá.

La investigación sobre el contrato del acueducto Tunjuelo-Canoas, se inició por análisis de información contenida en la colaboración de Emilio Tapia quien informó que en el diseño, construcción y puesta en operación se habrían pagado comisiones.

Según versiones de testigos a la Fiscalía, el polémico empresario habría sido clave en la licitación del tramo dos de la Ruta del Sol, que con sobornos a funcionarios, ganó la empresa brasileña. Gaviria además fue condenado a 31 meses de prisión por el carrusel de la contratación.

Según la Fiscalía, Luis Antonio Bueno Junior, Luis Antonio Mamery, Luis Eduardo Da Rocha Soarez y Yesid Augusto Arocha Alarcón, funcionarios de Odebrecht, brindaron información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los ilícitos ocurridos alrededor de la adjudicación del contrato Ruta del Sol 2 y están postulados por la fiscal de conocimiento para tramitar un principio de oportunidad en relación con estos hechos, a condición de que reparen el daño causado, estimado en 32.000 millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, Dumar Lora habría utilizado la compañía Inversiones Sion para legalizar parte de los 4.5 millones de dólares que Odebrecht le entregó al exsenador Otto Bula y que facilitarían la adjudicación de contratos de la vía Ocaña-Gamarra en el año 2014. 

El exviceministro de Transporte y director del Inco exigió el pago de 6,5 millones de dólares para garantizar que Odebrecht fuera la única firma habilitada para la licitación del tramo dos de la Ruta del Sol. Fue condenado a cinco años de prisión por los delitos cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Hace parte de los subcontratistas investigados del Consorcio Canoas compuesto por la empresa CASS, del Grupo Solarte y la empresa Odebrecht. Así como Andrés Cardona, Orlando Fajardo.

La Fiscalía archivó el proceso contra la exministra Gina Parody después de escucharla en entrevista. La Procuraduría, en cambio, le sigue el proceso disciplinario por un presunto conflicto de intereses en los que habría incurrido junto a su pareja Cecilia Álvarez al aprobar varios documentos relacionados con el proyecto vial de la Ruta de Sol 2. Los beneficiados: Luis Carlos y Manuel Parody D' Echeona, hermanos de la exministra de Educación y, por ende, cuñados de la exministra de Transporte. 

Fue contralor auxiliar de responsabilidad y jurisdicción coactiva de la Contraloría de Medellín y es señalado por la Fiscalía del delito de lavado de activos con plata de los sobornos pagados por Odebrecht al cuestionado exsenador Otto Bula, en una intermediación por 512 millones de dólares.  Tiene medida de aseguramiento en su domicilio en Envigado.

La Fiscalía citó a declarar al director del Fondo de Adaptación en relación con las circunstancias que rodearon la adjudicación del contrato a Navelena de recuperación del río Magdalena, y la concepción de un otrosí al mismo relacionado con la exclusa del Canal Del Dique, promovido por dicho fondo.

Interventor del contrato Tujuelo-Canoas, acusado por la Fiscalía por las presuntas irregularidades sobre los contratos para la construcción del túnel que buscaba descontaminar el río Bogotá. Según la Fiscalía, se presentaron irregularidades por un anticipo en dinero que fue entregado a contratistas para la ejecución de la obra por 48.000 millones de pesos, así como el pago coimas en dinero por parte de los contratistas sobre el 8% del contrato, por la adjudicación a la Constructora CASS del grupo Odebrecht.

El exauditor de Corficolombiana, según audios, dio a conocer al actual fiscal Néstor Humbero Martínez y a las directivas del Grupo Aval las irregularidades que se entretejieron en torno a los contratos falsos que desde varias compañías se suscribieron para pagar los millonarios sobornos de Odebrecht en Ruta del Sol, que tendrían un monto de 65.000 millones de pesos y que habrían sido pagados a las firmas Consultores Unidos Colombia, Consultores Unidos Panamá, Profesionales de Bolsa, SION y TTU (Técnicas Territoriales y Urbanas).

La Fiscalía busca establecer si el exfuncionario incurrió en algún delito, cuando la firma brasileña Odebrecht y el Inco suscribieron irregularmente el contrato para la obra del Tramo Dos de la Ruta del Sol, en 2009. Según las declaraciones entregadas por funcionarios brasileños de la firma Odebrecht, el señor Melo Acosta sabía de los pagos irregulares hechos por medio de la firma Episol, que alcanzan una cifra superior a los 16 mil millones de pesos. Una versión que fue soportada por testimonios del expresidente de Episol, Mauricio Millán Drews. Hoy Melo Acosta está en la cárcel La Picota.

El exgobernador de Boyacá y contralor distrital de Bogotá es investigado por la Fiscalía por presuntamente haber solicitado millonarias comisiones a Odebrecht para entregar un contrato de la vía Duitama-Charalá-San Gil. Federico Gaviria declaró sobre la inferencia de Odebrecht a través del senador Plinio Olano para financiar la campaña de Granados a la Gobernación de Boyacá.

El empresario cartagenero Juan Manuel Barraza, fue citado por la Fiscalía para responder por su relación con el exviceministro Gabriel García Morales quien aceptó sobornos de Odebrecht. Según la Fiscalía, ese dinero fue a parar a paraísos fiscales en el exterior y a negocios inmobiliarios en el país. Entre los negocios que investiga la Fiscalía es el del Parque Industrial TLC de las Américas, ubicado en la zona franca de Cartagena y cuya inversión fue realizada por Barraza. El empresario no hace parte del proceso pero fue llamado a colaborar para el rastreo del dinero de Odebrecht.

La Fiscalía identificó un pago por un millón de dólares de Odebrecht a la empresa panameña Padington, vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, con el fin de realizar una encuesta de opinión en las principales ciudades del país en plena campaña electoral de 2014. La contribución habría sido efectuada, según los directivos de Odebrecht, con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en momentos en que Odebrecht tenía pendiente una reclamación por 100 millones de dólares relacionados con la Ruta del Sol II. Del mismo modo en la campaña de 2010, Roberto Prieto reconoció que existieron "irregularidades" en el pago de 400.000 dólares por parte de Odebrecht a la campaña para la realización de dos millones de afiches.

El exviceministro de Transporte y presidente de Pacific Infrastructure desde 2010, le notificó a la Fiscalía el pasado 17 de enero que un negocio liderado por su empresa se hizo con la intermediación de Gabriel García Morales. Que le presentó a Pacific a un grupo empresarial cartagenero reunido en la firma Lurion Trading, con sede en Panamá. Dicho grupo invirtió en Pacific Infrastructure 2 millones de dólares a finales de 2010, cuando se hizo la primera operación de levantamiento de capital de riesgo que sumó 40 millones de dólares.

El asesor del presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, y funcionario de dicha entidad, fue vinculado formalmente a la investigación y rindió interrogatorio el pasado 20 de febrero. Correa firmó un preacuerdo con la Fiscalía para servir como testigo contra su exjefe, el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, además contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente 2014. Además, dijo que contará como se manejaron algunas licitaciones al interior de la ANI.

Son un grupo de congresistas señalados de ofrecer sus servicios y funciones para presionar decisiones gubernamentales a favor de Odebrecht. Este grupo lo conformarían Bernardo Elías Vidal, Musa Besaile, Antonio Guerra, Martín Emilio Morales, Sandra Villadiego, Alfredo Ape Cuello Baute, Álvaro Ashton, Plinio Olano y Armando Benedetti. Las funciones de Los Buldócer se identificaron en dos de las líneas de investigación que adelanta la Fiscalía: el contrato de estabilidad jurídica, a través del cual la constructora se ahorró miles de millones de pesos en pago de impuestos, y el otrosí Ocaña-Gamarra, que no estaba contemplado en la Ruta del Sol y fue agregado, además, con el presunto respaldo de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez.

Los empresarios Enrique José Ghisays Manzur y Eduardo Ghisays Manzur presuntamente habrían ayudado a dar apariencia de legalidad a los sobornos hechos al exviceminsitro de Trasporte Gabriel García Morales. Por esto, habrían recibido como comisión 700 mil dólares para que se creará en 2010 la sociedad panameña denominada Lurion Trading Inc., en la que se depositó el dinero de Odebrecht, a través de una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra. Fueron condenados en julio y agosto de 2017 a 7 y 3 años de cárcel.

La hipótesis que la Fiscalía quiere demostrar es que hubo un proceso de corrupción desde la misma selección de contratistas para la adjudicación del contrato del acuerducto Tunjuelo- Canoas y que a través de un acuerdo entre altos funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, miembros del Consorcio Canoas y el Consorcio Interventor Canoas y personas externas, se habrían pactado un pago de comisiones o dádivas que terminarían por beneficiar a servidores públicos, tales como los hermanos Moreno Rojas.

La Fiscalía busca establecer si el director de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) incurrió en alguna irregularidad, en la licitación de la vía Ocaña-Gamarra, adjudicada mediante los Otrosí 003 y 006, firmados en el 2014. Según la Fiscalía, la ANI licitaba la obra de la vía Puerto Berrío-Ruta del Sol, sin embargo, en un solo día se hizo una adición para variar la ruta, y finalmente se construyó la vía Ocaña-Gamarra, cesión en la que habría intervenido Odebrecht por medio del detenido exsenador Otto Bula Bula.

La hipótesis de la Fiscalía es que se presentaron irregularidades a través de un acuerdo entre altos funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, miembros del Consorcio Canoas y el Consorcio Interventor Canoas y personas externas, entre quienes se encontrarían Emilio Tapia, Manuel Castro, Andrés Cardona y Orlando Fajardo, quienes habrían pactado el pago de comisiones o dádivas que terminarían por beneficiar a servidores públicos, tales como los hermanos Moreno Rojas.

Dentro de las investigaciones que se adelanta a la campaña de Juan Manuel Santos 2010, Valencia y Rodríguez fueron citados a entrevista e interrogatorio por el ingreso de 400.000 dólares por parte de Odebrecht a su firma Impressa Group Corp, para elaborar 2 millones de afiches para esa campaña electoral. 

El empresario antioqueño Mateo Restrepo Villegas, presidente de Continental Gold, y exalto Consejero Presidencial para la Política Anticíclica de Uribe, fue vinculado al proceso y llamado a interrogatorio en el marco de la investigación de la Adjudicación de la Ruta del Sol 2.

La Fiscalía lo llamó a diligencias por su relación con el destino de los recursos del soborno o por su conocimiento de los hechos que rodearon la adjudicación de Ruta del Sol II.

La Fiscalía ordenó vincular a este proceso y llamar a interrogatorio al exministro de Transporte, por ser la persona que adjudicó el tramo dos de la Ruta del Sol 2. Peñaloza, quien se desempeñó como ministro de Transporte durante el año 2012, habría intentado excluir al Grupo Nule del tramo III del contrato de concesión de la Ruta del Sol para favorecer a la multinacional brasileña.

Es un consorcio hoy liquidado formado por Odebrecht y la colombiana Valores y Contratos S.A., centrado en la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Desde febrero de 2017, la Fiscalía abrió una investigación por irregularidades en la adjudicación del contrato, además de un préstamo del Banco Agrario por 120.000 millones de pesos al consorcio cuando ya había sido capturado Marcelo Odebrecht.

El hoy fiscal general habría conocido, según audios grabados por Jorge Enrique Pizano, la trama de delitos cometidos por Odebrecht en la Rutal del Sol dos. Martínez, en su momento asesor jurídico del Grupo Aval, conoció por parte de Pizano sobre las irregularidades. Así mismo, su firma de abogados ha sido relacionada por supuestas asesorías a Navelena para que el Banco Agrario efectuara un préstamo al consorcio de Odebrecht. Del mismo modo, por un concepto que rindió su oficina en relación al contrato de la vía Ocaña - Gamarra.

De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, Odebrecht le pagó 4,6 millones de dólares al exsenador Otto Bula Bula, para que hiciera ‘lobby’ en el Senado de la República, aprovechando sus amistades, para  obtener la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra, mediante un otrosí.

El escándalo de sobornos de la firma Odebrecht en Colombia supera los 28 millones de dólares pagados para la adjudicación de varios contratos de infraestructura, y que salpica las campañas presidenciales de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. Eleuberto Martorelli era el expresidente de Odebrecht en Colombia. Luiz Antonio Bueno, otro presidente de la líder brasileña fue pieza clave para los avances de la investigación en Estados Unidos. Dio información detallada de los funcionamientos de la empresa brasilera en Colombia. 

La hipótesis de la Fiscalía es que se presentaron irregularidades a través de un acuerdo entre altos funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, miembros del Consorcio Canoas y el Consorcio Interventor Canoas y personas externas, entre quienes se encontrarían Emilio Tapia, Manuel Castro, Andrés Cardona y Orlando Fajardo, quienes habrían pactado el pago de comisiones o dádivas que terminarían por beneficiar a servidores públicos, tales como los hermanos Moreno Rojas.

La Fiscalía estableció que en la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014, Odebrecht le pagó 1,6 millones de dólares al publicista ‘Duda’ Mendonça, para que prestara sus servicios a la campaña del representante del Centro Democrático.

Marco Gianpaoli, Alfonso Pereira del Río y Juan Manuel Barraza, por su presunta relación con el destino de los recursos del soborno o por su conocimiento de los hechos que rodearon la adjudicación de Ruta del Sol II.

Al exsenador se le imputaron cargos por cohecho y enriquecimiento ilícito y se encuentra privado de la libertad por recibir el soborno de 4,6 millones de dólares según la información provista por funcionarios de Odebrecht. En relación con el otrosí para la vía Ocaña - Gamarra, mediante el cual se adicionó el Contrato Ruta del Sol 2. En julio de 2018 se extendió la medida privativa de la libertad por 6 meses más mientras continúa proceso de acusación por caso Odebrecht. La Fiscalía busca llegar a preacuerdo.

La Fiscalía pidió investigar al exsenador Plinio Olano (hoy director de la Federación de Gobernadores), por su presunta participación en el caso Odebrecht. En este caso se indaga si favoreció a Odebrecht, para que obtuviera el contrato de infraestructura, para que finalmente el Inco, diera vía libre a licitación, luego de que el exviceministro Gabriel García Morales recibiera un soborno de 6,5 millones de dólares. En agosto de 2018 la Corte Suprema lo llamó a juicio por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho.

La Fiscalía lo llamó a diligencias por su presunta relación con el destino de los recursos del soborno o por su conocimiento de los hechos que rodearon la adjudicación de Ruta del Sol II. Nieto Loaiza se habría reunido en un par de ocasiones con Odebrecht para intentar conformar un consorcio y participar de la licitación, pero la empresa brasileña decidió asociarse con otras empresas. Nieto afirma que al igual que se reunió con Odebrecht, también lo hizo con empresas japonesas y españolas. Asegura desconocer por qué el llamado de la Fiscalía  y reitera que jamás ha estado vinculado a la constructora brasileña.

El exgerente de la Campaña Santos Presidente 2014 es señalado de haber recibido el pago de un millón de dólares por parte del empresario Andrés Giraldo. Además se afirma que Odebrecht buscó “acercarse” al Gobierno del presidente Santos, realizando un contrato con la empresa Paddington, con el fin de realizar una encuesta de opinión sobre la campaña en diferentes ciudades del país. Fue enviado a prisión en mayo de 2018. Argumentando razones de salud, la defensa pide que envíen al empresario a una unidad militar.

Según la Fiscalía el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales recibió 6,5 millones de dólares de Odebrecht, para obtener el contrato de obra del Tramo II de la Ruta del Sol, firmado con el INCO en 2009.

El actual director de la DIAN, Santiago Rojas fue citado a interrogatorio para explicar los hechos que rodearon el pago de 400 mil dólares realizado por la firma Odebrecht a la empresa Impressa Group, para el suministro de afiches para la campaña del presidente Juan Manuel Santos, en su primera aspiración a la Casa de Nariño, en 2010.

La construcción del túnel interceptor Tunjuelo-Canoas en el 2009 fue adjudicado a la constructora brasileña que era socio y miembro de la junta directiva de la empresa ACC Ingeniería, subcontratista del consorcio, para la ejecución de la obra, contratada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). El contrato, de 85 millones de dólares, fue celebrado en 2009 entre la EAAB y el Consorcio Tunjuelo-Canoas, conformado por las empresas CASS, del grupo Solarte y la filial de Odebrecht en el país, que subcontrató con ACC Ingeniería. Según la Fiscalía, las irregularidades se dieron por instrucciones del exsenador Iván Moreno Rojas y su hermano Samuel. Recibieron mil millones de pesos.