A raíz del asesinato de Leandro Norero Tigua en el centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General del Estado permitió obtener varias evidencias, que incluyen los celulares con los que el fallecido (presunto líder de una organización delictiva dedicada –entre otras actividades ilícitas– al narcotráfico) habría montado su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros.  

En su cuenta oficial en X, la fiscal Diana Salazar explicó que el caso Plaga se centra en el abuso de las acciones constitucionales que permitieron la liberación de delincuentes peligrosos. Un modus operandi que se ha propagado como "una plaga" en el sistema de justicia del país, advirtió.    

A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró nuevos elementos para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción, que estarían involucrados en el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico.